La población considera que es necesaria una investigación externa, independiente y transparente sobre la calidad del combustible en Bolivia. La investigación debe ampliarse a los responsables del “boicot” que según el Gobierno, están trabajando al interior de la petrolera estatal. Esto permitirá esclarecer responsabilidades reales, evitar que se culpe al sector equivocado y garantizar protección a los usuarios afectados.
