La población considera que el Gobierno debe evaluar si es conveniente suspender de forma total e inmediata la subvención a los carburantes, pues esto obligaría a que todos los consumidores, tanto del campo como de la ciudad, paguen el precio real de la gasolina y el diésel. Sin embargo, muchos ciudadanos opinan que sectores como el agrícola y el transporte público deberían seguir siendo beneficiados y sugieren que, de aplicarse, la suspensión sea gradual.
