El cierre inmediato de las comisarías de Tránsito, vinculadas a extorsiones, recibió el respaldo del sector transporte. Sus dirigentes y usuarios denunciaron cobros ilegales y abusos policiales. Señalan que las exigencias oscilan entre 300 y 1.000 bolivianos. Piden la intervención de DIPROVE, donde los montos de extorsión serían aún más elevados.
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